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Normativa para mejorar

Los objetivos de reciclaje nos ayudan a avanzar como sociedad.

Marco Normativo

 Normativa Europea

La Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE) sobre los residuos establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la aplicación de la siguiente jerarquía en la gestión de residuos:

  • prevención,
  • preparación para la reutilización,
  • reciclaje,
  • otro tipo de valorización,
  • eliminación.

La publicación, en el año 2015, del Plan de Acción para la Economía Circular hizo que la Directiva Marco de Residuos fuera revisada para adaptarla al nuevo escenario de gestión de residuos definido por la Economía Circular. La modificación de la Directiva Marco de Residuos fue publicada en mayo de 2018 y en ella se exige a los Estados miembros que aumenten progresivamente las cantidades de residuos que se destinan a la preparación para la reutilización y reciclaje. En esta línea, los objetivos establecidos son:

  • para el 2025 se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales hasta un mínimo de 55% en peso.
  • para el 2030 se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales hasta un mínimo de 60% en peso.
  • para el 2035 se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales hasta un mínimo de 65% en peso.

Por otra parte, la Directiva Marco de Residuos indica que para el 31 de diciembre de 2023, los biorresiduos deben ser separados y reciclados o bien recogidos de forma separada, no pudiendo ser mezclados con otros tipos de residuos.

Enlace DMR

Enlace Modificación DMR

 Normativa Estatal

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados es el texto que traspone la Directiva Marco de Residuos europea a la legislación española.

Al igual que la Directiva Marco de Residuos, la Ley 22/2011 cuenta con un artículo específico de biorresiduos (Artículo 24) en el que se establece la necesidad de que las administraciones, en su respectivo ámbito de competencias, adopten medidas para establecer la recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje o a la digestión anaerobia de los mismos. Para que las administraciones puedan cumplir con esta obligación, la Ley 22/2011 recoge los siguientes métodos:

  • la recogida de la fracción orgánica de los residuos domésticos y la recogida separada de la fracción vegetal, especialmente en grandes generadores.
  • el compostaje doméstico y comunitario,
  • el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente,
  • el uso del compost producido.

Actualmente, la Ley 22/2011 está siendo revisada para adaptarla a los nuevos requisitos establecidos por la normativa comunitaria. El último borrador de modificación de esta Ley, publicado el 18 de mayo del 2018, introduce las siguientes modificaciones:

  • el establecimiento de la recogida separada de residuos textiles y residuos peligrosos de origen doméstico, a más tardar del 31 de diciembre de 2024.
  • la adopción, por parte de las autoridades ambientales en sus respectivos ámbitos de competencias, de medidas apropiadas para:
    • establecer, con carácter obligatorio, la recogida separada de los biorresiduos para destinarlos al compostaje o la digestión anaerobia, en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes generadores y los biorresiduos generados en los hogares. Los municipios de más de cinco mil habitantes instaurarán la recogida separada de los biorresiduos en el servicio de gestión de los residuos municipales antes del 31 de diciembre de 2020. El resto de municipios deberá establecerla antes del 31 de diciembre de 2023.
    • garantizar que el tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente se realice a través de compostaje doméstico y comunitario, o en instalaciones específicas sin que se produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del proceso. La autorización de estas instalaciones deberá incluir las prescripciones técnicas para el idóneo tratamiento de los biorresiduos y la calidad de los materiales obtenidos.
    • promover el uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en lugar de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.

Enlace a la Ley 22/2011

Enlace al borrador de modificación de la Ley 22/2011 

 

Normativa Autonómica

El 13 de enero de 2011 se aprobó el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia (PGRUG) 2010-2020. Este Plan parte del análisis de la situación existente de la gestión de residuos en Galicia y establece las bases para avanzar hacia un escenario más sostenible y acorde a la jerarquía de gestión de residuos, que prime la prevención, la reutilización y el reciclaje sobre otras opciones de valorización de los residuos urbanos.

Hasta ahora, el PGRUG aprobado en el año 2011 fue actualizado en dos ocasiones. La primera de ellas, en el año 2014, y la segunda, en el año 2016. La actualización del 2016 no solo da cuenta de los cambios y de los avances realizados en relación a la producción y gestión de los residuos urbanos en Galicia, sino que también amplía en dos años el período temporal de acción del plan, pasando este a ser 2010-2022. De este modo, esta actualización permitió la adaptación del PGRUG a las nuevas exigencias derivadas de la publicación de la Directiva Marco de Residuos, de la Ley 22/2011, del Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022 (PEMAR) y de las medidas del Paquete de Economía Circular.

El ámbito territorial de aplicación y ejecución del Plan así como de sus dos actualizaciones, es la Comunidad Autónoma de Galicia ya que, tal como se recoge en la normativa aplicable (Constitución, Ley 22/2011), es la administración que cuenta con las competencias para la elaboración de planes autonómicos de gestión de residuos y sobre la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos.

Por otra parte, actualmente la Xunta de Galicia está trabajando en la elaboración de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Galicia. El plazo de participación y consulta al anteproyecto de Ley está actualmente finalizado y el documento de la nueva Ley será aprobado durante el presente año 2019.

Enlace PGRUG-Sirga

Normativa Municipal

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos en su artículo 12.5.a establece que los ayuntamientos tienen el deber de prestar el servicio de recogida de residuos, lo que se concreta en los siguientes términos: «corresponde a las Entidades Locales, cuando proceda, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en la que establezcan sus respectivas ordenanzas, en el marco jurídico establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor».

Ordenanzas de residuos

La ordenanza es el instrumento legal del que disponen las entidades locales y las diputaciones para regular la recogida, transporte y gestión de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios, en el marco de sus competencias.

Según lo establecido por la Ley 22/2011, desde el 1 de Agosto de 2014, todos los ayuntamientos españoles deben tener aprobadas las ordenanzas municipales que regulen la gestión del servicio de recogida, transporte y gestión de estos residuos.

Para facilitar a las Entidades Locales su adaptación al nuevo marco jurídico establecido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) elaboró una Ordenanza Marco de Gestión de Residuos. Este modelo de ordenanza puede ser consultado en el siguiente enlace.

En el caso de Galicia, 18 de los 313 ayuntamientos gallegos se agruparon en forma de mancomunidad o consorcio de forma que sus residuos son gestionados de forma conjunta. En estos casos, la propia Mancomunidad o Consorcio puede elaborar una ordenanza reguladora de la gestión de los residuos municipales común a todos los ayuntamientos de su competencia.

La ordenanza correspondiente al Consorcio de As Mariñas puede ser consultada en el siguiente enlace.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, también contempla que las Diputaciones presten el servicio de tratamiento de residuos municipales en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y que coordinen la recogida y tratamiento de residuos en aquellos en que la población no supere los 20.000 habitantes. Tal es el caso de la Diputación de Ourense, que en el año 2012 aprobó el Convenio marco de cooperación entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos de la provincia para que los ayuntamientos que decidan adherirse deleguen en ella la prestación, con carácter intermunicipal, del servicio de recogida de residuos domésticos. Actualmente son un total de cincuenta los ayuntamientos adheridos, siendo la Diputación Provincial de Ourense la que ejerce la totalidad de las competencias municipales de ordenación y gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

La ordenanza reguladora del servicio de gestión de residuos prestado por la Diputación provincial a los ayuntamientos adheridos puede ser consultada en el siguiente enlace. 

En lo referente a los biorresiduos, la ordenanza actualmente en vigor en Galicia que contempla aspectos específicos de la gestión de este tipo de residuos es la aprobada en enero de 2019 por la Diputación de Pontevedra. Esta ordenanza puede ser consultada en el siguiente enlace..

Normativa específica de compostaje comunitario

El compostaje comunitario es una de las alternativas de gestión y tratamiento de los biorresiduos contemplados en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En la actualidad se están desarrollando instrumentos normativos específicos para regular los requisitos técnicos y jurídicos de esta operación concreta de valorización.

Normativa aplicada a los los productos fertilizantes y sustratos de cultivo

  • Legislación aplicable a los productos fertilizantes.

A nivel europeo, los productos fertilizantes están regulados por el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019. Este reglamento, establece las disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y modifica a los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº 1107/2009.

A nivel estatal, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, y su última modificación (Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre) es el texto legal que establece la normativa básica en materia de productos fertilizantes.

  • Legislación aplicable a los sustratos de cultivo.

Real Decreto 865/2010 de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, que tiene por objeto establecer la normativa básica en materia de sustratos de cultivo y de las normas necesarias de coordinación con las comunidades autónomas.